Colombia vive en medio de un conflicto económico, social, político y armado resultado de las fuertes contradicciones propias de una sociedad en la que existe un modelo que se fundamenta en la explotación, el autoritarismo, la exclusión y la miseria. En este ambiente desde hace más de 40 años se inició por parte de algunas experiencias populares y sectores, en su mayoría marxistas, una estrategia de lucha contra esa realidad basada en la propuesta guerrillera. Desde allí se agudizo la pelea tras la avanzada de parte del pueblo en armas actuando como vanguardia revolucionaria del proceso social. Tras muchos ires y venires de esta propuesta, en la década de los noventas la estrategia guerrillera avanzo en su intento de tomar el poder con un asenso de las acciones contra la fuerza pública que resultó en una suerte de toma de prisioneros de guerra que primero se dirigió a objetivos militares, pero en la medida que se complejizaba también integro a objetivos políticos representantes de la institucionalidad a la que se combatía, buscando como fin el intercambio humanitario de esos prisioneros por combatientes de la guerrilla también prisioneros en las cárceles estatales.
Desde el gobierno del presidente Samper se integró a la legislación nacional la normatividad de el Derecho Internacional Humanitario, en especial los tratados de Ginebra, que abrieron una puerta a la posibilidad de tal intercambio, pero solo fue en el periodo del presidente Pastrana que se dieron intercambios de prisioneros en el marco de un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Una vez terminado este intento de proceso, y con el cambio a un nuevo periodo presidencial liderado por Uribe, la posibilidad de materializar este intercambio se volvió un imposible, ya que la nueva estrategia de guerra política por parte del estado basaba su acción en el no reconocimiento político de las guerrillas y en su eliminación por la vía militar.
De esos 6 años de este nuevo momento de la guerra en Colombia la atención de la opinión pública, fuertemente influenciada por los medios de comunicación hegemónicos, se ha concentrado en el rechazo de la lucha armada y en la exigencia de la liberación de los soldados y políticos retenidos, acompañado del creciente desconocimiento del estatus de prisioneros políticos de los luchadores detenidos en las cárceles.
Esta larga travesía del problema de los prisioneros políticos no solo se ha visto el desgaste de los detenidos en cada bando, sino además la necesidad de plantear salidas viables a la libertad de ellos porque a pesar del innegable debilitamiento de las fuerzas insurgentes lo que se ha visto es que en términos generales ninguno de los dos bandos logrará liberar a sus detenidos por la vía militar (es improbable una segunda operación Jaque). En este estancamiento del conflicto, se hace necesario aceptar la necesidad de una salida negociada por lo menos a dicha circunstancia de la guerra.
Pero ni esta salida debe ser incondicional, ni tampoco debe creerse que la guerra social esté limitada a esta situación. Si bien debe urgirse por garantizar esta libertad, en especial de los luchadores sociales, debe proyectarse como mantener la guerra social, pero revaluando la táctica de la toma de prisioneros ya que esta no solo ha resultado desgastante para los ejércitos guerrilleros, sino además ha sido una excusa para desprestigiar las propuestas en general de transformación social. No se está con esto reevaluando la legítima búsqueda de prisioneros de guerra para debilitar moral y políticamente al enemigo, lo que se cuestiona es la utilidad de esta táctica en el momento histórico concreto en que vivimos.
Sería mucho más útil y efectivo avanzar en la revolución popular dándole nuevamente la importancia que esta tiene para destruir el poder concentrado del estado y el capital retomando la acción militar no como una acción en sí misma, sino como resultado de las necesidades y proyecciones propias del pueblo en esta lucha. En aquel momento podría redescubrirse la toma de prisioneros pero como una estrategia que, acompañada de la búsqueda de la deserción de soldados invitándolos a las filas populares, promueva el desmoronamiento de la institucionalidad como paso previo a la destrucción de la misma. El ejercicio militar no puede ni debe hacerse como una actividad en si misma (como pareciese a veces la acción guerrillera alejada de la movilización social) sino como parte de el ejercicio de la autodefensa de todos y todas frente a nuestros enemigos. Para ello no se necesitan las vanguardias sino la acción eficaz y directa de todas las personas.
Así que mientras tanto es necesario promover el intercambio humanitario al mismo momento de avanzar en la batalla nuestra en esta guerra social en búsqueda de un momento en que no sean necesarios los presos en ninguna reclusión, y eso solo será posible en una sociedad anarquista.
Desde el gobierno del presidente Samper se integró a la legislación nacional la normatividad de el Derecho Internacional Humanitario, en especial los tratados de Ginebra, que abrieron una puerta a la posibilidad de tal intercambio, pero solo fue en el periodo del presidente Pastrana que se dieron intercambios de prisioneros en el marco de un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Una vez terminado este intento de proceso, y con el cambio a un nuevo periodo presidencial liderado por Uribe, la posibilidad de materializar este intercambio se volvió un imposible, ya que la nueva estrategia de guerra política por parte del estado basaba su acción en el no reconocimiento político de las guerrillas y en su eliminación por la vía militar.
De esos 6 años de este nuevo momento de la guerra en Colombia la atención de la opinión pública, fuertemente influenciada por los medios de comunicación hegemónicos, se ha concentrado en el rechazo de la lucha armada y en la exigencia de la liberación de los soldados y políticos retenidos, acompañado del creciente desconocimiento del estatus de prisioneros políticos de los luchadores detenidos en las cárceles.
Esta larga travesía del problema de los prisioneros políticos no solo se ha visto el desgaste de los detenidos en cada bando, sino además la necesidad de plantear salidas viables a la libertad de ellos porque a pesar del innegable debilitamiento de las fuerzas insurgentes lo que se ha visto es que en términos generales ninguno de los dos bandos logrará liberar a sus detenidos por la vía militar (es improbable una segunda operación Jaque). En este estancamiento del conflicto, se hace necesario aceptar la necesidad de una salida negociada por lo menos a dicha circunstancia de la guerra.
Pero ni esta salida debe ser incondicional, ni tampoco debe creerse que la guerra social esté limitada a esta situación. Si bien debe urgirse por garantizar esta libertad, en especial de los luchadores sociales, debe proyectarse como mantener la guerra social, pero revaluando la táctica de la toma de prisioneros ya que esta no solo ha resultado desgastante para los ejércitos guerrilleros, sino además ha sido una excusa para desprestigiar las propuestas en general de transformación social. No se está con esto reevaluando la legítima búsqueda de prisioneros de guerra para debilitar moral y políticamente al enemigo, lo que se cuestiona es la utilidad de esta táctica en el momento histórico concreto en que vivimos.
Sería mucho más útil y efectivo avanzar en la revolución popular dándole nuevamente la importancia que esta tiene para destruir el poder concentrado del estado y el capital retomando la acción militar no como una acción en sí misma, sino como resultado de las necesidades y proyecciones propias del pueblo en esta lucha. En aquel momento podría redescubrirse la toma de prisioneros pero como una estrategia que, acompañada de la búsqueda de la deserción de soldados invitándolos a las filas populares, promueva el desmoronamiento de la institucionalidad como paso previo a la destrucción de la misma. El ejercicio militar no puede ni debe hacerse como una actividad en si misma (como pareciese a veces la acción guerrillera alejada de la movilización social) sino como parte de el ejercicio de la autodefensa de todos y todas frente a nuestros enemigos. Para ello no se necesitan las vanguardias sino la acción eficaz y directa de todas las personas.
Así que mientras tanto es necesario promover el intercambio humanitario al mismo momento de avanzar en la batalla nuestra en esta guerra social en búsqueda de un momento en que no sean necesarios los presos en ninguna reclusión, y eso solo será posible en una sociedad anarquista.
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